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Preguntas Frecuentes sobre el Financiamiento de un Plan

La Ley de Protección de Pensiones de 2006 (PPA 2006, siglas en inglés) estableció restricciones de los beneficios para los planes subfinanciados. Dependiendo de cuán subfinanciado esté un plan, es posible que se restrinja la capacidad del plan para pagar los beneficios en forma de cantidades totales y que se restrinja al patrocinador para que no enmiende el plan a fin de aumentar los beneficios.

La autoridad de regulación y cumplimiento en los planes en curso es principalmente la responsabilidad de la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA, siglas en inglés) del Departamento de Trabajo, de la oficina de Planes del Empleado del Servicio de Rentas Internas (IRS, siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro. PBGC tiene cierta autoridad de reglamentación y cumplimiento. Por ejemplo, PBGC puede presentar y aplicar un gravamen legal si un empleador no ha hecho las contribuciones de financiamiento mínimas requeridas y las cantidades pendientes de pago suman más de $1 millón.

PBGC monitorea los planes a través de una variedad de requisitos de presentación de informes. Estos requisitos de presentación de informes pueden impulsar aún más la investigación y la acción por parte de PBGC para proteger el financiamiento del plan. Por ejemplo, la regulación de PBGC sobre sucesos notificables requiere que se notifique por escrito a PBGC sobre ciertos acontecimientos relacionados con el plan o la empresa que puedan poner en riesgo a los participantes del plan y al programa de seguros de PBGC. Además, bajo el Programa de Alerta Temprana (página en inglés) de la agencia, PBGC monitorea las transacciones corporativas y los procesos judiciales de quiebra que puedan ser una amenaza para el financiamiento o la continuidad de los planes en marcha. PBGC negocia la protección financiera para mantener estos planes en marcha para los trabajadores y jubilados, y para limitar las pérdidas de estas personas y de PBGC, en el caso que se produjera una terminación. Finalmente, la ley PPA de 2006 requiere que los grupos controlados con al menos un plan que cuente con una financiación de menos del 80 por ciento reporten anualmente información adicional que permita que PBGC pueda controlar mejor la situación. Esta actividad de monitoreo también envía un mensaje importante indicando que los empleadores tienen la obligación de financiar sus planes.

Hay varias cosas que PBGC puede hacer para prevenir la terminación o mitigar las posibles pérdidas. Cuando PBGC se entera de que un empleador no ha hecho las contribuciones de financiamiento mínimas requeridas y las cantidades pendientes de pago suman más de $1 millón, PBGC puede perfeccionar y hacer valer un derecho de retención legal en nombre del plan de pensiones contra la propiedad del patrocinador del plan o de los miembros de su grupo controlado. PBGC pide protección para los planes como parte de las transacciones comerciales que, de lo contrario, podrían incrementar significativamente el riesgo de terminación en virtud del Programa de Alerta Temprana (página en inglés) de la agencia. Por ejemplo, PBGC obtuvo contribuciones adicionales o seguridad en nombre del plan y convenció a los compradores potenciales del patrocinador del plan que asuman sus planes de pensiones. PBGC también solicita que los patrocinadores busquen todas las vías de financiación necesarias para facilitar la continuación de sus planes de pensiones.

PBGC también puede buscar estos u otros mecanismos de protección resultantes de sucesos notificables o de informes anuales sobre el subfinanciamiento del plan, tal como se describe en la pregunta y respuesta anterior.

En los casos de bancarrota, PBGC busca continuar con el financiamiento del plan y evitar terminaciones injustificadas y, si un plan termina, buscará obtener la máxima recuperación posible de la bancarrota que favorezca a los participantes y al programa de seguro. PBGC también busca obtener recuperaciones de los miembros del plan controlado del patrocinador del plan que no se encuentren en bancarrota.

PBGC strongly encourages plan sponsors that face financial hardship to explore every alternative to plan termination. Where a sponsor claims it can no longer afford to fund its plan, PBGC requires the sponsor to prove that the statutory criteria for plan termination are met, whether the sponsor is in or outside of bankruptcy. The statutory criteria generally require that the sponsor will not be able to successfully reorganize or continue in business unless the plan is terminated.

Most underfunded plans terminate because the employer has gone out of business, liquidated, or sold its assets in an insolvency situation. In other instances, lenders or other investors who are funding a bankruptcy work-out will not participate in the reorganization unless the plan is terminated.

The Deficit Reduction Act of 2005 (DRA) imposed a new premium for most affected plans of $1,250 per participant for three years on a plan sponsor that terminates an underfunded pension plan. This may deter some employers from seeking to terminate an underfunded plan. The termination premium, which was to sunset in 2010 under DRA, was made permanent under the Pension Protection Act of 2006.

Your plan is required to send you an annual funding notice, which includes important information about your pension plan, such as its funding level. More information is available in the plan’s required reporting to the U.S. Department of Labor. If you have questions about your plan's provisions or your specific benefit, call your plan administrator at the phone number provided.

In addition, multiemployer plans in critical or endangered status also have notices published on the Department of Labor’s website.

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